GESTORES Y GESTORAS DEL MUNDO: ¡UNÍOS!

FORO DE CULTURA Y TURISMO

En general, la reciente mención del Ministerio de Cultura por parte de AGP como inminente objeto de discusión en el Congreso ha producido escaso interés en los medios y en la propia sociedad civil peruana (sin duda, el blog inaugurado por el Foro de Cultura y Turismo es una notable excepción). Algunos perezosos comentarios aquí y allá apenas dan cuenta del asunto, supongo que más por su exotismo (¿un Ministerio de cultura en el Perú?) que por tratarse de una verdadera posibilidad.

Frescos todavía los alborotos de ciertos círculos culturosos que se creyeron el cuento del ministerio propio al inicio del aprismo reloaded, el usual páramo reflexivo peruano se ha visto interrumpido en días recientes (hoy es 17/8/08) por dos nuevos comentarios: un interesante editorial de Augusto Álvarez Rodrich («Un ministerio por favor», Perú21, Opinión, p. 2) y una nota de Natalia Majluf, directora del Museo de Arte de Lima, en la Caretas me parece que de la semana antepasada. En el editorial de P21, Álvarez Rodrich, con mesura y realismo acostumbrados, hace aterrizar el asunto recordándonos que tener un ministerio ad hoc es garantía de nada —y allí está el binomio Minedu-prueba PISA para darle la razón—, proponiendo más bien trabajar en la definición del papel del Estado en materia cultural y en la optimización del recurso ya disponible, léase INC, sin duda tareas pendientes y necesarias. El comentario de Majluf es lo que cabe esperar de una conspicua representante de ese innominado colectivo que conforman los gestores culturales peruanos, grupo caracterizado por su lánguido y romo discurso basado en el argumento pedilón que inevitablemente caerá en saco roto. Lo interesante de ambos textos es que centran el problema —tal como se hace en la mayoría de casos— en el accionar del Estado, uno para exigir cuidado en la asignación de recursos y el otro para pedirlos, ambos esquivando por vez ¿diezmil? el meollo del asunto: el papel de la sociedad civil.

Es claro que si partimos de la premisa de que el Estado es la nación políticamente organizada tendremos que concluir que este es consecuencia de aquella, que lo antecede necesariamente. Ergo, la Nación manda y el Estado sirve, el que existe exclusivamente para satisfacer las necesidades ciudadanas. Pero claro, Perogrullo no era pues peruano, con lo que allí se acaban la matiné y el confeti teóricos para entrar en el terreno minado de la incásica realidad real, como diría Don Sofo, lo que en el país de los otorongos infladores de facturas y perromuerteros de medio pelo no es poca cosa. La pregunta clave, entonces, es la siguiente: ¿debe el Estado hacer algo que la sociedad civil no está exigiendo?

Y es obvio que no existe dicha exigencia social simplemente porque lo que se escucha son voces individuales, no sectoriales. En efecto, pese a todo el respeto que nos merecen los señores gestores y las señoras gestoras, sus opiniones siempre tendrán el defecto de la subjetividad personal, por meritorias, racionales, ponderadas y responsables que estas sean, pues carecen del peso político que conlleva la representación de un sector activo políticamente. Eso, en un país que soporta a duras penas un sistema tan enojoso como el de la democracia, con su difícil reto de la libertad y sus consecuencias en términos de responsabilidad, y que ha hecho de la violencia entre las partes un medio de transacción, es rigurosamente determinante. El tamaño, después de todo, sí importa, tal como bien saben los agitadores sindicales, los microbuseros y los organizadores de invasiones de terrenos siempre ajenos, entre muchos otros grupos exitosos, pero que parecen ignorar nuestros líderes de la ¿acción? cultural.

Queda, por último, la definición de lo que entendemos por acción política: entendemos por tal las actividades que se derivan de haber satisfecho dos condiciones: 1. Haberse organizado en torno a un discurso común, con planes, metas y responsabilidades claramente expresados, y 2. Estar dispuestos a defender en la arena pública, a nombre de la sociedad civil, los derechos ciudadanos de producir y consumir productos simbólicos en condiciones dignas, exigiendo al Estado para ello las herramientas y los recursos necesarios. Mientras eso no suceda seguiremos como estamos, con iglesias depredadas y saqueos impunes, con cuadros perdidos y monumentos desmonumentalizados, pero eso sí, bailando de lo lindo y papeando rrrriiiico, ¡ay mamita!, como de seguro dirán en el hall de los pasos perdidos el canaya y sus amigos mientras nos representan ante el mundo con perruna sonrisa.

Alexander Forsyth